El gobierno de la Ciudad de México implementará un protocolo antidisturbios este domingo 20 de julio durante la segunda “Marcha contra la Gentrificación”, que partirá de la estación Fuentes Brotantes del Metrobús en Tlalpan. La medida busca prevenir actos vandálicos como los ocurridos el 4 de julio en Paseo de la Reforma, donde 14 negocios resultaron dañados. Autoridades capitalinas instalaron vallas metálicas alrededor de la Embajada de EE.UU. y establecerán filtros de seguridad coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a mantener la protesta pacífica: “No debe ser pretexto para discriminación contra extranjeros, ni para violencia”, subrayó desde Palacio Nacional. Resaltó que el Bando 1 presentado por la jefa de gobierno Clara Brugada —que incluye 14 medidas como congelar aumentos de renta por encima de la inflación y regular plataformas como Airbnb— busca atender las causas estructurales del fenómeno. “Es un programa integral para que los residentes puedan permanecer en sus colonias”, afirmó.
El operativo de seguridad permitirá solo el acceso de huéspedes y vehículos autorizados a las zonas aledañas a la embajada estadounidense, donde se concentraron los disturbios previos. Elementos de la SSC vigilarán el recorrido programado desde Fuentes Brotantes hasta El Caminero, en respuesta a las críticas por el impacto de la gentrificación en colonias como Santa Úrsula Xitla, donde los precios de vivienda se han disparado hasta 300% en cinco años según colectivos urbanos.
El Bando 1 propone crear una Defensoría de Derechos Inquilinarios y desarrollar vivienda pública en zonas de presión inmobiliaria como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Sin embargo, organizaciones convocantes a la marcha consideran insuficientes estas acciones. “Exigimos la expulsión de corporaciones que compran edificios completos para convertirlos en departamentos de lujo”, declaró un portavoz del Frente Contra la Gentrificación, que prevé reunir a más de 5,000 personas.
Analistas urbanos advierten que el conflicto refleja una tensión global: según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la CDMX recibe anualmente 35,000 extranjeros que elevan la demanda habitacional. Mientras el gobierno capitalino promueve mesas de diálogo, pequeños comerciantes de Roma y Condesa reportan ya un 20% de disminución en clientela local por alzas en productos básicos.
Este domingo, el despliegue policiaco incluirá 1,500 elementos y sistemas de videovigilancia móvil. La SSC recordó que, aunque se garantiza el derecho a protesta, se actuará contra daños a propiedad privada. El operativo marcará un precedente en el manejo de manifestaciones urbanas que, como señala el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, deben equilibrar la libertad de expresión con la protección a residentes y comercios.
Mientras tanto, colectivos artistas preparan performances para visibilizar casos de desalojos forzados en Centro Histórico, donde según el INEGI los arrendatarios nacionales han disminuido 18% desde 2020. La jornada podría definir el rumbo de las políticas públicas ante un fenómeno que, según la UNAM, ha desplazado a 50,000 familias de zonas céntricas en la última década.
El gobierno local confía en que las medidas anunciadas —junto con los 300 millones de pesos asignados a vivienda social— mitiguen el malestar. No obstante, especialistas en desarrollo urbano como Lorena Zárate (exrelatora de la ONU) insisten en que se requieren leyes específicas contra la especulación: “Sin regulación de compras corporativas, el problema seguirá creciendo”, advirtió. La marcha del domingo será pues un termómetro del éxito de las acciones gubernamentales ante una crisis que redefine la identidad de la capital.
