Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra bajo vigilancia electrónica luego de que la Policía Federal acudiera a su residencia en Brasilia la mañana de este viernes para instalarle una tobillera. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, ante lo que calificó como un “riesgo de fuga creciente”, en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y en vísperas de un fallo judicial que podría condenar al exmandatario a más de 40 años de prisión.
El proceso judicial que enfrenta Bolsonaro está relacionado con su presunto liderazgo en un intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva. Las investigaciones apuntan a que Bolsonaro impulsó acciones para deslegitimar los resultados electorales y socavar las instituciones democráticas. Según la Policía Federal, ha llevado a cabo actos que podrían constituir delitos de coacción, obstrucción a la justicia y atentado contra la soberanía nacional.
La imposición de la tobillera electrónica no es la única restricción que enfrenta el líder ultraderechista. Desde principios de 2024, Bolsonaro permanece sin pasaporte, lo que ya había limitado significativamente sus desplazamientos. Con la nueva medida, el expresidente podrá circular durante el día, pero deberá permanecer en su domicilio entre las 19:00 y las 07:00 horas. Además, se le prohíbe mantener contacto con embajadores, ingresar a sedes diplomáticas, utilizar redes sociales o comunicarse con su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado en Estados Unidos y señalado como el principal operador político internacional de su padre.
Estas acciones judiciales se producen en paralelo a una fuerte presión externa encabezada por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su respaldo a Bolsonaro. En días recientes, Trump dirigió una carta al gobierno brasileño en la que solicitó la cancelación inmediata del juicio contra su aliado político. En la misiva, el líder republicano aseguró que Bolsonaro “fue un líder muy respetado” y advirtió que el curso de las relaciones entre ambos países dependerá de la postura del gobierno de Lula da Silva frente al caso.
Trump también utilizó la red Truth Social para reiterar su apoyo, afirmando que el proceso contra Bolsonaro es una persecución política. Entre sus declaraciones, condicionó las relaciones bilaterales a cambios sustanciales en la política interna brasileña y advirtió sobre la posibilidad de imponer aranceles si no se cumplen sus demandas. El mensaje fue percibido como una injerencia directa en los asuntos internos de Brasil y generó una reacción inmediata por parte de Lula, quien calificó la carta como un acto de “chantaje basado en informaciones falsas”.
El clima político se ha enrarecido aún más con la decisión de un tribunal brasileño de bloquear la plataforma Rumble, afín a sectores conservadores, por negarse a suspender la cuenta de un ciudadano acusado de diseminar información falsa. Este episodio fue mencionado por Trump en su carta como prueba de censura, lo que refuerza su narrativa de persecución contra Bolsonaro y los sectores políticos que lo apoyan.
El juez Alexandre de Moraes ha sido enfático en resguardar la integridad del proceso judicial en curso. Al ordenar la instalación de la tobillera electrónica, argumentó que existía un riesgo inminente de que Bolsonaro buscara asilo en una embajada extranjera, particularmente la de Estados Unidos, dada la cercanía con Trump. Esta hipótesis ha circulado durante meses en círculos políticos y de seguridad en Brasil, especialmente tras las múltiples manifestaciones públicas del expresidente estadounidense en defensa de Bolsonaro.
En medio de esta tensión, el expresidente brasileño continúa inhabilitado para ocupar cargos públicos. La justicia electoral le retiró sus derechos políticos tras una campaña de desinformación que incluyó cuestionamientos infundados sobre la seguridad del sistema de votación electrónica. Aunque las encuestas lo siguen posicionando como la figura más fuerte dentro de la oposición conservadora, su futuro político depende ahora del fallo definitivo del Tribunal Supremo, previsto para septiembre.
Lula da Silva, por su parte, ha reiterado su intención de competir nuevamente en las elecciones de 2026. En declaraciones recientes, condenó las amenazas arancelarias de Trump y defendió la independencia del poder judicial brasileño frente a presiones extranjeras. “Brasil no se dejará chantajear por intereses políticos foráneos”, declaró el presidente, quien también destacó la importancia de mantener la soberanía y estabilidad institucional del país.
