El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a ejecutar su plan de despidos masivos en el Departamento de Educación, que había sido bloqueado temporalmente por una corte federal en Massachusetts. La decisión da luz verde a la reducción inmediata de un tercio del personal de la agencia, es decir, más de 1,300 empleados, en el marco de una estrategia de recorte presupuestario que busca limitar las funciones del gobierno federal en materia educativa.
La resolución del máximo tribunal anula el fallo de una corte de menor instancia, que había respondido a una demanda interpuesta por una veintena de estados, sindicatos de profesores y distritos escolares. El argumento central de la demanda era que los recortes vulneraban derechos laborales y comprometían servicios educativos esenciales.
La decisión del Supremo fue adoptada por mayoría, aunque sin exposición detallada de argumentos, como suele ocurrir en resoluciones tramitadas por la vía de emergencia. Las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan votaron en contra. El resto de los jueces respaldó permitir la implementación inmediata del plan del Ejecutivo, sin emitir opinión pública conjunta.
Con este fallo, la administración Trump obtiene respaldo judicial para seguir adelante con su proyecto de reestructuración del Departamento de Educación, anunciado a finales de marzo de este año. Según los lineamientos oficiales, el plan no contempla el cierre total de la agencia —competencia que corresponde al Congreso—, pero sí su transformación profunda.
El presidente Trump ha reiterado que su objetivo es devolver a los estados la mayoría de las competencias en materia educativa. Para lograrlo, su administración ha diseñado una estrategia de reducción estructural, que incluye el despido de hasta la mitad del personal del Departamento de Educación antes de que finalice su mandato.
La reorganización dejaría operativas únicamente funciones básicas, como la gestión de becas, ayudas y préstamos estudiantiles. Desde la Casa Blanca, se sostiene que esta medida busca eliminar duplicidades, reducir el gasto público y eliminar lo que consideran un “despilfarro” en el presupuesto federal.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró el fallo como una victoria institucional. “La decisión confirma lo obvio: que el presidente de Estados Unidos, como jefe del Ejecutivo, tiene la autoridad para tomar decisiones sobre personal, estructura y funcionamiento de las agencias federales”, declaró en un comunicado.
Añadió que la resolución del tribunal “es una victoria importante para los estudiantes y las familias”, y cuestionó que haya sido necesario llegar hasta la Corte Suprema para ratificar facultades presidenciales que, según ella, ya están establecidas en la Constitución.
Desde el bloque opositor, gobernadores, sindicatos docentes y representantes legislativos expresaron su rechazo. Consideran que la decisión pone en riesgo la calidad del sistema educativo y debilita los estándares federales que protegen a los estudiantes más vulnerables.
La disputa judicial comenzó cuando, tras el anuncio del plan de recorte en marzo, un grupo de estados y organizaciones educativas presentó una demanda colectiva en Massachusetts. Alegaban que la medida era arbitraria, carecía de sustento legal y afectaba derechos laborales adquiridos por los trabajadores de la agencia.
El juez federal encargado del caso emitió una orden de bloqueo temporal, lo que detuvo la implementación del plan por más de tres meses. Durante ese tiempo, los equipos legales del gobierno federal trabajaron en una apelación que terminó escalando hasta la Corte Suprema.
