A casi tres semanas de los comicios judiciales realizados el 1 de junio, el INE reanudó este jueves la entrega de constancias de mayoría a los aspirantes electos como jueces y magistrados de distintas instancias del Poder Judicial. La sesión había iniciado el pasado 15 de junio, pero fue interrumpida debido a observaciones técnicas y denuncias públicas por diversas irregularidades.
Entre los principales señalamientos surgidos desde dentro y fuera del INE, destaca la llamada “operación acordeón”, que alude al reparto masivo de hojas con respuestas entre votantes antes de ingresar a las urnas. También se reportaron casillas donde el número de votos superó el número de personas registradas, boletas que aparecieron marcadas sin doblarse —lo cual sugiere que no pasaron por el proceso de votación manual— y reportes de coacción del voto, así como robo de paquetes electorales.
Entrega de constancias, pese a cuestionamientos
Durante la reanudación del acto oficial, el INE entregó las constancias de mayoría correspondientes a los jueces y magistrados electos en los circuitos judiciales del país. Comenzaron con los circuitos 1, 2 y 3 (Ciudad de México, Estado de México y Jalisco), y posteriormente continuaron con los circuitos 4 al 14. Las constancias acreditan oficialmente a los ganadores como nuevos integrantes del Poder Judicial a partir del 1 de septiembre.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, pronunció un mensaje en el que destacó la relevancia histórica del proceso, al considerarlo como una muestra del empoderamiento ciudadano. “Esta elección es un acto de emancipación democrática porque ahora el pueblo no solo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes nos juzgarán”, expresó.
Ministros, magistrados y jueces electos
Hasta el momento, el INE ha entregado constancias a 31 personas que ocuparán diversos cargos en el Poder Judicial:
- 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
- 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- 15 magistrados de Salas Regionales del TEPJF
Un día después del reinicio de la sesión, el INE también validó formalmente la elección del TDJ, organismo creado para sancionar conductas de jueces y ministros.
Problemas con requisitos académicos
El proceso electoral no ha estado exento de complicaciones técnicas. A finales de junio, el INE declaró inelegibles a 45 candidaturas por no cumplir con el promedio mínimo exigido: 8 en la licenciatura y 9 en la especialidad. Esto provocó un nuevo retraso en el cómputo nacional, ya que fue necesario revisar un total de 847 expedientes con los mayores puntajes.
La falta de claridad en los criterios académicos generó críticas entre expertos legales, quienes señalaron que el proceso debía tener reglas más estrictas y verificables antes de ser implementado.
Controversia y transparencia en duda
A pesar del discurso institucional sobre la democracia participativa, varios consejeros del INE expresaron durante las sesiones su preocupación por el contexto en el que se desarrolló esta elección extraordinaria. Las denuncias de compra y coacción del voto, así como la distribución de acordeones, pusieron en entredicho la limpieza del proceso.
“Estamos frente a una elección donde hay indicios de manipulación y comportamiento atípico en los resultados. Validar este proceso sin un análisis profundo es preocupante”, declaró un consejero en voz baja durante la sesión, según fuentes internas.
La controversia cobra especial relevancia por tratarse de cargos en el sistema judicial, una de las instituciones clave en el equilibrio de poderes y en la garantía de derechos en el país.
Participación ciudadana y legalidad
Este proceso marcó un hito en la participación ciudadana al permitir que por primera vez se eligieran directamente cargos en el Poder Judicial. Sin embargo, el nivel de participación fue moderado, y los cuestionamientos éticos sobre la legalidad del proceso ensombrecen los avances democráticos.
Algunos analistas han señalado que la operación de estructuras políticas locales y la falta de vigilancia institucional podrían estar detrás de los resultados irregulares.
Lo que viene
Las personas electas tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de septiembre. El INE ha declarado que continuará con la fiscalización de los recursos utilizados durante la campaña, así como con las investigaciones sobre posibles anomalías.
No obstante, diversos sectores sociales y académicos exigen una revisión más profunda del modelo de elección judicial y de las garantías que se ofrecen para asegurar procesos transparentes e imparciales.
