Enrique Hernández Alcázar
Qué lejos quedó aquella ‘izquierda’ mexicana que se oponía a la militarización del país. Ya no existe. Es cosa del pasado, parte del archivo muerto. Porque decir que la Guardia Nacional no es parte del Ejército sino de la Sedena es como afirmar que el agua no moja, solo humedece.
Y no es chiste. Claudia Sheinbaum lo dijo ayer, sin máscaras y con todas sus letras, durante el festejo por el primer sexenio de la creación de la Guardia Nacional:
“Algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del Ejército mexicano y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente. Tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio separado del Ejército, aunque hay que agradecer la generosidad de los miembros del Ejército mexicano que han decidido muchos de ellos otorgar su carrera a la Guardia Nacional”.
La frase, con tono aclaratorio, suena más a estrategia de comunicación que a una descripción fidedigna del estado real de las cosas. Como si nombrar a los militares de otra forma pudiera disfrazar su naturaleza.
La contradicción se vuelve aún más grave cuando se recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2023 que el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena era inconstitucional. Nuestra Ley Suprema establece que la Guardia fue concebida como una corporación de carácter civil. Hoy no lo es.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional fue vendida como un cuerpo de seguridad nuevo, profesional, moderno y civil. Pero en los hechos ha sido una reedición —con otro nombre— de las lógicas militares aplicadas a tareas de seguridad pública. Hoy, más del 80% de su personal proviene del Ejército o la Marina. Su comandante es un general en activo. Sus cuarteles están en instalaciones castrenses. Sus mandos son militares. Su doctrina son disciplina, fuerza y lealtad.
Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ha documentado -con evidencias- que la militarización de la seguridad pública no solo es ineficaz, sino contraproducente. A mayor despliegue militar, más violaciones a derechos humanos, más opacidad en el uso de recursos y, paradójicamente, menos seguridad.
En su informe más reciente, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero muestra que entre 2019 y 2024 el presupuesto de la Guardia Nacional creció 260%, mientras que los indicadores de reducción de delitos de alto impacto se han mantenido estancados. El despliegue masivo de efectivos no ha derivado en mejores resultados, pero sí ha consolidado una presencia castrense en tareas antes reservadas a políticas civiles, como la seguridad comunitaria o la prevención del delito.
Otro estudio del mismo programa señala que el 79% de las detenciones realizadas por la Guardia Nacional entre 2020 y 2023 fueron por faltas administrativas o delitos menores. Esto refuerza la tesis de que el despliegue militarizado no está enfocado en el combate real al crimen organizado, sino en acciones de bajo impacto que alimentan la estadística sin modificar la raíz del problema.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI revela que más del 60% de la población considera que la presencia de militares en las calles no ha mejorado su seguridad. La percepción ciudadana contradice el discurso oficial que insiste en normalizar la presencia castrense como sinónimo de eficacia.
El lenguaje importa. Y también los eufemismos. Llamar Guardia Nacional a un cuerpo de mando, formación y operación militar no lo vuelve civil. Subordinarla a la Sedena no la aleja del Ejército: la funde con él. Pretender que la Sedena es una cosa y el Ejército otra es una pirueta semántica para maquillar lo que, en los hechos, es una de las militarizaciones más agresivas de la seguridad interior en la historia reciente de México.
Más allá de la frase presidencial, lo que duele es la traición al principio. La izquierda mexicana, que durante décadas denunció la represión militar, la opacidad castrense y la militarización del país, hoy gobierna desde hace siete años con un modelo de seguridad subordinado al poder fáctico de las fuerzas armadas. Lo que antes se criticaba como autoritarismo, hoy se defiende como política de Estado. Como pueblo uniformado.
La Guardia Nacional es una institución militar aunque lo nieguen tres veces antes de que cante el gallo. Aunque el gobierno morenista intente disfrazarla de civil con palabras suaves. El uniforme y su mando tienen otros datos.
