Por: Enrique Hernández Alcázar
La casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo Garza -exjefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y figura clave en la campaña presidencial que, por fin, lo hizo llegar a la silla del águila- está implicada en una trama escandalosa de presunto lavado de dinero del narcotráfico.
En un país donde la corrupción suele disfrazarse de eficiencia y el poder se lava con discursos de transformación, la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— no solo sacude al sistema bancario, sino que reaviva una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el financiamiento del narco ha engrasado las campañas políticas y los gobiernos recientes en México?
Vector, la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, fue señalada por facilitar operaciones financieras al crimen organizado. Entre 2013 y 2023, procesó pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas vinculadas con el tráfico de opioides. ¿Cómo se explica que un hombre tan cercano al presidente haya estado al frente de una institución ahora acusada de ser engranaje del narcolavado?
La acusación es contundente. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas entidades facilitaron el lavado de millones de dólares para cárteles como el CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo, incluyendo pagos para adquirir precursores químicos desde China destinados a la producción de fentanilo.
El caso de Intercam tampoco es menor. Durante el sexenio de AMLO, se consolidó como “el banco del nearshoring” en México, beneficiándose de la relocalización de cadenas productivas y del discurso oficial que promovía la inversión extranjera como motor del desarrollo nacional. Hoy, ese mismo banco es acusado de reunirse con miembros del CJNG para diseñar esquemas de lavado de dinero.
CI Banco, por su parte, no solo presume ser “el primer banco verde de México”, sino que participó activamente con Banxico en la creación del sistema CoDi, una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas del sexenio pasado. Su fundador, Jorge Rangel de Alba, ha sido un actor relevante en el sector financiero, y su cercanía con el Partido Verde —aliado histórico de Morena— añade una capa más de sospecha.
Todo esto ocurre en un contexto donde los bancos mexicanos reportaron ganancias récord durante el sexenio de López Obrador. En 2024, las utilidades del sector alcanzaron 288 mil 340 millones de pesos, el nivel más alto desde que se tiene registro, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A esto se suman ingresos por réditos que superaron los 1.7 billones de pesos, impulsados por tasas de interés elevadas y un margen financiero en expansión.
Ni el neoliberalismo se atrevió a tanto. Mientras el discurso oficial hablaba de austeridad y combate a la corrupción, el sistema financiero florecía como nunca antes. ¿Coincidencia o consecuencia?
Más temprano que levantarse para preparar una mañanera, la Secretaría de Hacienda salió a desmarcarse del escándalo con un comunicado que, más que aclarar, siembra dudas.
Asegura que no cuenta con información contundente que vincule a las instituciones señaladas con actividades ilícitas, y que —pese a haber solicitado pruebas al Departamento del Tesoro— no recibió datos que puedan ser verificados por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (O sea que ya sabía que venían las sanciones). La única evidencia proporcionada, dicen, alude a transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas.
La postura oficial parece más bien un acto de contención: reconocer poco, deslindarse rápido, y mantener intacta la imagen de un sistema que presume luchar contra el crimen, mientras se baña en dinero perfectamente lavado. La narrativa de la “cuarta transformación” se tambalea cuando los tentáculos del narco alcanzan a quienes alguna vez prometieron cortar de raíz la corrupción.
Si el dinero sucio financió campañas, si el poder se construyó sobre cimientos contaminados, entonces no estamos ante un escándalo financiero, sino ante una traición histórica. Pero ya se sabe. Dirán que es un compló, una campaña en su contra, contra el gobierno del pueblo bueno.
A menos que Estados Unidos tenga otros datos y extienda su largo brazo legal.
