*Pese a la resistencia de la FGR los ministros consideraron que el caso era insostenible pues las declaraciones de la imputada se obtuvieron con posible tortura, y sin ello no existe otra evidencia suficiente. El IFDP pide que este criterio se repita para los otros cuatro procesados.
Por: Arturo Angel
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata y total liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien llevaba 19 años en prisión por su supuesta participación en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace ocurrido en el 2005.
Por votación mayoritaria de 4 votos a 1 los ministros aprobaron el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el cual proponía conceder el amparo liso y llano en favor de Gonzalez Lomelí, tras concluir que la acusación y las pruebas más relevantes en su contra derivaron esencialmente de dos confesiones de las que no hay certeza que las haya rendido en forma voluntaria o bajo tortura.
“La acusación en su contra no se sostiene sin las declaraciones que Juana Hilda rindió ante el Ministerio Público, cuando se encontraba en un centro de arraigo, antes de ser puesta a disposición del juez, y no hay elementos suficientes para concluir que esas “confesiones” fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración”, indica el proyecto aprobado.
Los cuatro ministros que votaron a favor fueron Gutiérrez Ortiz, autor del proyecto, así como las ministras Ana Margarita Ríos Farjat; Loretta Ortiz Ahlf; y Juan Luis González Alcántara Carrancá. El único voto en contra fue del ministro Jorge Pardo Rebolledo.
Cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) con Alejandro Gertz Manero al frente intentó po rtodos los medios y recursos a su alcance legal retrasar esta determinación y que Lomelí no fuera liberada.
La representación legal de Lomelí estuvo a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) quien en un comunicado celebró la decisión y subrayó que lo procedente ahora es que se aplique este criterio en el caso de otras cuatro personas más que a la fecha siguen procesadas por este mismo caso.
El eterno y polémico Caso Wallace
El “Caso Wallace” es uno de los expedientes criminales más notorios y controvertidos de la historia reciente de México. Inició en 2005 con la denuncia del secuestro y posterior homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda y, casi dos décadas después, sigue generando titulares, debates y serias dudas sobre el sistema de justicia del país.
Según la narrativa impulsada por su madre, la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto fue secuestrado el 11 de julio de 2005. Ante la inacción de las autoridades, ella misma emprendió una investigación paralela, utilizando espectaculares con los rostros de los presuntos responsables y ofreciendo recompensas, una acción que le valió el reconocimiento de una parte de la sociedad y el apodo de “la cazadora de secuestradores”.
La versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), alineada con la de Miranda de Wallace, sostiene que Hugo Alberto fue llevado a un departamento en el sur de la Ciudad de México, donde fue asesinado y descuartizado. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Con base en esta línea de investigación, fueron detenidas y procesadas seis personas:
- Juana Hilda González Lomelí, señalada como la “carnada” para atraer a la víctima.
- César Freyre Morales, su entonces pareja sentimental.
- Brenda Quevedo Cruz.
- Jacobo Tagle Dobin.
- Tony y Alberto Castillo Cruz, hermanos.
Todos ellos fueron acusados de delincuencia organizada y secuestro, recibiendo sentencias de varias décadas en prisión.
Pero a lo largo de los años han surgido numerosas inconsistencias y graves acusaciones que ponen en tela de juicio la veracidad de la versión oficial. Periodistas de investigación, abogados y organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de irregularidades:
- Alegatos de Tortura: Prácticamente todos los acusados han denunciado haber sufrido tortura física y psicológica para obtener sus confesiones, las cuales constituyeron la principal prueba en su contra.
- Detenciones Ilegales: Se han señalado violaciones al debido proceso desde el momento de las detenciones. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegó a calificar la detención de Brenda Quevedo como arbitraria e ilegal, solicitando su liberación.
- Fabricación de Pruebas: La defensa y análisis periodísticos han apuntado a la presunta siembra de pruebas clave, como una gota de sangre de la víctima encontrada en el departamento meses después del supuesto crimen, sin que el lugar hubiera estado debidamente resguardado.
- Inexistencia del Cuerpo: La ausencia del cuerpo de Hugo Alberto Wallace ha sido un punto central de controversia, alimentando teorías alternativas sobre lo que realmente sucedió.
- Dudas sobre la Víctima: Investigaciones periodísticas han sugerido que Hugo Alberto Wallace podría haber estado involucrado en actividades ilícitas y que su desaparición pudo no haber sido un secuestro.
