Un juez federal bloqueó los intentos de la administración de Trump para prohibir que Harvard matricule estudiantes internacionales el día de hoy.
Como respuesta a la medida del gobierno de Trump, la universidad de la Ivy League presentó una demanda a un tribunal federal en Boston bajo el argumento de violación a la Primera Enmienda, por lo que la jueza de distrito Allison Burroughs fue otorgada de manera temporal.
El día de ayer se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación que permite que Harvard tenga estudiantes internacionales tras la negativa de la universidad de proveer los datos de estudiantes extranjeros relacionados a participaciones en protestas. Después de la medida aquellos estudiantes actualmente inscritos debían buscar otra universidad para ser transferidos o de lo contrario perderían su estatus legal.
El gobierno de Trump asegura que el ambiente de la universidad se ha vuelto “inseguro al permitir que antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos” y acusa a la institución de fomentar el antisemitismo, coordinarse con el Partido Comunista Chino y hacer contrataciones que toman en cuenta la raza (mediante políticas de diversidad e inclusión), entre otros señalamientos.
Durante el segundo periodo de la administración del actual presidente de Estados Unidos, la institución y el gobierno se han enfrentado en varias ocasiones.
La universidad, que es una de las más importantes y prestigiosas de Estados Unidos, cuenta con casi 6 mil 800 estudiantes extranjeros de al menos 100 países, de acuerdo con AP. Esta cifra representa más de un cuarto de la matrícula de la universidad, lo que significaría una afectación importante en los ingresos de la entidad educativa.
The New York Times explica que la matrícula de la universidad es de 59 mil 320 dólares por curso escolar, pero que en ocasiones, los estudiantes internacionales pagan cuotas más altas que los estudiantes estadounidenses.
De acuerdo con AP, el gobierno de Trump dio la opción a la universidad de recuperar su permiso para recibir estudiantes internacionales únicamente si entrega, en un plazo de 72 horas, la información y registro de los extranjeros matriculados, incluyendo documentos, audio y video de alumnos que hayan participado en actividades de protestas en el campus.
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